La propuesta del Gobierno es subir el avalúo catastral a todos los inmuebles del país entre el 50% y el 300%, sin importar el estrato o ingresos de los propietarios
Los colombianos no aguantamos más impuestos improvisados y confiscatorios, que afectan seriamente la iniciativa privada, la inversión, el empleo y el derecho de propiedad
El pasado 8 de noviembre, los ministros de Hacienda, Ricardo Bonilla y la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica presentaron el Proyecto de Ley 292 para ser tramitado en la Cámara de representantes. La propuesta del gobierno es subir el avalúo catastral a todos los inmuebles del país entre el 50% y el 300%, sin importar el estrato o ingresos de los propietarios.
Jaime Alberto Cabal, Presidente de FENALCO, indicó que, a modo de ejemplo, el propietario de un inmueble de estrato 3 de $400 millones podría pasar de pagar $1.9 millones de impuesto predial a $3.4 millones. Un predio estrato 1 de $200 millones pasaría de pagar un impuesto de $800 mil a $1.2 millones.
Para FENALCO, “El proyecto afecta el derecho a la vivienda digna al gravar, excesivamente, la aspiración de tener techo propio. Además, segmentos como el de los pensionados, que viven de unos ingresos de subsistencia, y familias que viven en inmuebles propios, que no les generan ingresos, se verían obligados a vender sus propiedades porque no podrían pagar el predial incrementado en forma exponencial”. Según el vocero de los comerciantes, “La desconexión de los gobernantes con la realidad de los colombianos no puede llegar al punto de promover aumento de impuestos, cuando en estos momentos millones de familias luchan por salir adelante, en medio del reciente impuesto a los tenderos que se aprobó en la reforma tributaria del Gobierno, y del aumento de la gasolina, el diesel y los peajes”.
Mayores impuestos, sumados a los síntomas de recesión, a la inflación de dos dígitos que afecta con mayor dureza a los informales y a los desempleados, y la perspectiva de un proyecto de reforma laboral del gobierno que destruye empleos, darán como resultado un 2024 marcado por la incertidumbre y desconfianza de consumidores y empresarios.
“Los colombianos no aguantamos más impuestos improvisados y confiscatorios, que afectan seriamente la iniciativa privada, la inversión, el empleo y el derecho de propiedad”, indicó Cabal Sanclemente.