- De llegar a prosperar esta iniciativa del Gobierno, Colombia dejaría de ser atractiva para los inversionistas extranjeros.
- Esta decisión generaría desempleo y sometería a situaciones de pobreza a miles de colombianos.
La posición del Gobierno debe , al contrario, reconocer la palabra empeñada y fortalecer la seguridad jurídica para evitar ahuyentar a los inversionistas
Como desatinada y contraproducente calificó Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, la intención del Gobierno Nacional de pretender renegociar los Tratados de Libre Comercio y los Tratados de Protección de Inversiones, en lo relativo a la solución de las controversias de inversión por parte del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversión (CIADI), del Banco Mundial, como consecuencia de la decisión adversa al país en el caso de Telefónica, en el que sorprendentemente obró como testigo contra el país un expresidente de Colombia que apoya al actual gobierno.
“Si se llegara a prescindir de estos mecanismos que resuelven de forma ágil los conflictos entre el Estado y los particulares, el Gobierno debe ser
consciente de que Colombia dejaría de ser atractiva para los inversionistas extranjeros que generan empleo y prosperidad para miles de colombianos”, afirmó el vocero de los comerciantes.
Es importante destacar que históricamente las decisiones de los árbitros del CIADI han sido en su mayoría favorables a Colombia, cuando el país
ha sido consistente con sus compromisos, en especial con el respeto al derecho de propiedad por vía del respeto a las inversiones.
Pretender que la decisión por parte de árbitros extranjeros independientes, dentro de un proceso reglado y aceptado previamente por Colombia, es contrario a la soberanía nacional, equivale a criticar por esa misma razón a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, igualmente, es una instancia internacional. “De ninguna forma puede afirmarse que se pierde la soberanía cuando las decisiones son tomadas por árbitros del CIADI, por la CIDH o por la Corte Penal Internacional, porque el Congreso de la República, como depositario de la voluntad del pueblo colombiano, ha ratificado los tratados que legitiman sus decisiones”, agregó el dirigente gremial.
Colombia debe proteger a las inversiones y a los inversionistas ratificando el compromiso histórico del país con el respeto y garantía del derecho de propiedad, la libertad de empresa y, en general, las libertades económicas. Decisiones como las que anunció el Gobierno, no solo generarían desempleo y someterían a situaciones de pobreza a miles de colombianos, sino que afectarían seriamente la imagen internacional del país, ganada con esfuerzo a través de los años.
La posición del gobierno debe, al contrario, reconocer la palabra empeñada y fortalecer la seguridad jurídica para evitar ahuyentar a los inversionistas y desarrollar un programa serio de capacitación para que en todos los sectores de la administración se respete la propiedad privada y los derechos adquiridos, de forma que el país no vuelva a ser condenado.
“Todo parece indicar que el presidente Petro se ha declarado enemigo de los mecanismos ágiles de solución de conflictos, como son los tribunales de arbitramento como la CIADI; en contravía de la evolución moderna, que se aparta de los largos y engorrosos procesos tradicionales de la justicia”, puntualizó Cabal Sanclemente.