- Convocar marchas y declarar día cívico el mismo día en que se debate en el Senado el proyecto de reforma laboral es una presión indebida y antidemocrática.
- La imposición del día cívico, en jornada laboral, le cuesta al país unos 360 millones de dólares.
- Los salarios de los funcionarios, que no van a trabajar, se pagarán con los impuestos que salen del bolsillo de los colombianos.
Como un despropósito calificó Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO la decisión anunciada por el Gobierno de Gustavo Petro de declarar día cívico, mañana 18 de marzo, no sólo porque es antidemocrático, sino porque ejerce presión indebida al desarrollo de la actividad legislativa, en este caso durante el trámite del proyecto de reforma laboral, que se adelanta en el Senado.
“Que se convoquen marchas “prefabricadas” justo el día que se discute un tema tan importante para el país y que además se declare día cívico para que los servidores públicos, funcionarios y contratistas del Estado, salgan a las calles, está lejos de ser un llamado espontáneo del pueblo. Lo paradójico es que los salarios de esos funcionarios, que no van a trabajar, se pagarán con el bolsillo de los colombianos, en medio del peor déficit fiscal de los últimos 21 años ”, aseguró el dirigente gremial.
¿Esto es una demostración de abuso de poder o la demostración de que el Gobierno se está quedando solo?, agregó Cabal Sanclemente.
De acuerdo con el vocero de los comerciantes, la imposición del día cívico le cuesta al país unos 360 millones de dólares. “El PIB nacional es de 398 mil millones de dólares, que al dividirse por 365 días del año arroja un valor de 1.090 millones de dólares. Si suponemos, conservadoramente, que la afectación para mañana sea del 33%, tendríamos que la decisión del Gobierno le significaría al país una pérdida de su PIB del orden de 360 millones de dólares. Eso es lo que dejaremos de producir este martes por efecto de esa medida”.
Por último el vocero destacó que el comercio funcionará normalmente y atenderá al público como cualquier día.