En días pasados, la Presidencia de la República de Colombia publicó la Directiva Presidencial No. 07 de 2024 sobre los Deberes de las y los funcionarios públicos en el ejercicio de la libertad de expresión y el respeto a la libertad de prensa.
De esta manera, en aras de orientar el deber que le asiste a las y los funcionarios públicos al pronunciarse públicamente, en particular, en su interacción con periodistas, comunicadores y medios de comunicación, incluyendo las redes sociales oficiales y las personales, en cuanto se traten asuntos asociados al cumplimiento de sus funciones, se estima pertinente establecer las siguientes directrices, para promover buenas prácticas y conductas éticas que satisfagan las responsabilidades sociales y democráticas, relacionadas con la garantía de la libertad de expresión y de prensa.
Así, los servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, en particular las que ejercen vocerías desde la investidura oficial, deberán:
- Evitar que sus pronunciamientos generen actos de estigmatización o discriminación hacia periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y demás actores relevantes que, mediante su expresión, contribuyen a la deliberación democrática.
- Abstenerse de emitir declaraciones que puedan ser interpretadas como instigaciones a la violencia y discriminación, basados en sus opiniones, filiaciones políticas o cobertura periodística.
- Fomentar un ambiente de respeto, diálogo y tolerancia hacia todas las opiniones y contribuciones al debate público, y reconocer la importancia de la pluralidad de voces para el fortalecimiento de la democracia.
Igualmente, los servidores públicos deben ejercer una especial diligencia en la verificación de los hechos sobre los que se pronuncian para evitar la difusión de información errónea, manipulada o incorrecta, en aras de garantizar los principios de veracidad e imparcialidad de la información. También deben considerar el contexto y posibles consecuencias de sus declaraciones, especialmente en situaciones de conflictividad social, alteraciones del orden público o polarización política.
Por último, las personas que ejercen función pública están llamadas a ejercer su influencia y liderazgo, para promover un ambiente de respeto mutuo y diálogo constructivo, plural, equitativo y tolerante. En este sentido, deberán fomentar activamente la participación de todos los sectores de la sociedad en el debate público¡ facilitando espacios seguros y respetuosos para el intercambio de ideas y opiniones¡ en especial para los discursos y expresiones de crítica a las autoridades públicas.
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