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Este informe contiene el estado de los proyectos de ley de interés para el comercio, que hicieron trámite en la legislatura 2016-2017. Se muestran las leyes sancionadas, los proyectos archivados y los que siguen en trámite en la nueva legislatura.

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Agenda Legislativa Informe Legislativo 2016 - 2017

Este informe contiene el estado de los proyectos de ley de interés para el comercio, que hicieron trámite en la legislatura 2016-2017. Se muestran las leyes sancionadas, los proyectos archivados y los que siguen en trámite en la nueva legislatura.

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El pasado 15 de septiembre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto No. 1515 de 2017 “Por el cual se modifica el Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, para sustituir el artículo 1.3.1.12.10. del Capítulo 12 del Título 1 de la Parte 3 del Libro 1, Y reglamentar el numeral 6 del artículo 424 del Estatuto Tributario”.

 

Dicha norma tiene por objeto establecer los requisitos que deben cumplir los dispositivos móviles inteligentes (tabletas y celulares) para que sean excluidos del impuesto sobre las ventas -IVA-, disposición que aplicaría en todo el país, a todos los contribuyentes de dicho impuesto.

 

Así, para efectos de lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 424 del Estatuto Tributario, se entenderá por dispositivos móviles inteligentes (tabletas y celulares) aquellos que cumplan con la totalidad de las siguientes características:

 

a) Teclado completo, táctil o físico;

b) Operan sobre sistemas operativos actualizables;

e) Tienen capacidad de procesamiento y cómputo;

d) Permiten la navegación en Internet;

e) Tienen conectividad WIFI; y

f) Tienen acceso a tiendas de aplicaciones y soportan las aplicaciones hechas por terceros.

 

Adicionalmente, se establece que la exclusión del Impuesto sobre las Ventas -IVA en la venta de dispositivos móviles inteligentes, aplica para aquellos dispositivos cuyo valor al momento de la venta al público no exceda de veintidós (22) Unidades de Valor Tributarias -UVT-.

 

Por último, respecto de dispositivos móviles que sean importados, se tendrá en cuenta el valor establecido en la factura o documento soporte de la declaración de importación.

 
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Gestión Jurídica Se expide Decreto que establece exclusión del IVA a dispositivos móviles inteligentes

El pasado 15 de septiembre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto No. 1515 de 2017 “Por el cual se modifica el Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, para sustituir el artículo 1.3.1.12.10. del Capítulo 12 del Título 1 de la Parte 3 del Libro 1, Y reglamentar el numeral 6 del artículo 424 del Estatuto Tributario”.

 

Dicha norma tiene por objeto establecer los requisitos que deben cumplir los dispositivos móviles inteligentes (tabletas y celulares) para que sean excluidos del impuesto sobre las ventas -IVA-, disposición que aplicaría en todo el país, a todos los contribuyentes de dicho impuesto.

 

Así, para efectos de lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 424 del Estatuto Tributario, se entenderá por dispositivos móviles inteligentes (tabletas y celulares) aquellos que cumplan con la totalidad de las siguientes características:

 

a) Teclado completo, táctil o físico;

b) Operan sobre sistemas operativos actualizables;

e) Tienen capacidad de procesamiento y cómputo;

d) Permiten la navegación en Internet;

e) Tienen conectividad WIFI; y

f) Tienen acceso a tiendas de aplicaciones y soportan las aplicaciones hechas por terceros.

 

Adicionalmente, se establece que la exclusión del Impuesto sobre las Ventas -IVA en la venta de dispositivos móviles inteligentes, aplica para aquellos dispositivos cuyo valor al momento de la venta al público no exceda de veintidós (22) Unidades de Valor Tributarias -UVT-.

 

Por último, respecto de dispositivos móviles que sean importados, se tendrá en cuenta el valor establecido en la factura o documento soporte de la declaración de importación.

 
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La Superintendencia de Industria y Comercio dio a conocer el Proyecto de Circular que pretende modificar dos Capítulos de la Circular Única de esa corporación, sobre protección de usuarios de telecomunicaciones, el cual fue objeto de algunas modificaciones, respecto de la versión publicada inicialmente.

 

Así, la citada iniciativa está dirigida a los operadores, entendidos como proveedores de redes y servicios de telefonía móvil y fija y de acceso a internet fijo y móvil, y tiene como finalidad esencial actualizar las instrucciones existentes en la materia, acorde a los cambios de regulación que se han realizado en el sector de las comunicaciones y a las condiciones reales del mercado.

 

De esta manera, el proyecto contempla, entre otros, los siguientes asuntos:

 

  1. Instruir las obligaciones establecidas en el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones expedido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, cuyo cumplimiento corresponde a los operadores de dichos servicios.

  2. Establecer en cabeza de los operadores la obligación de brindar a sus usuarios, a través de todos los mecanismos de atención previstos para el efecto, información clara, cierta, completa, oportuna y gratuita, que les permita a estos tomar decisiones de consumo con pleno conocimiento de las condiciones del servicio que se ofrece o se presta.

  3. Prevé la implementación de un Código Único Numérico -CUN-, esto es, el código de identificación que permitirá a los usuarios de los servicios de comunicaciones y servicios postales, hacer seguimiento sobre el estado del trámite de su petición, queja, reclamo, recurso y solicitud de indemnización (servicios postales),  el cual será asignado por el proveedor de dichos servicios o el operador postal, según corresponda, al momento de su presentación por parte del usuario.

  4. Cuando los operadores deban realizar cierres programados de las oficinas físicas de atención al usuario, se busca establecer la obligación de comunicar tal situación a sus usuarios por lo menos con tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha prevista para el cierre, en las oficinas físicas de atención al usuario, así como en la página web y redes sociales.

  5. En cuanto a peticiones, quejas o reclamos asociados con facturación, los operadores deben informar a sus usuarios a través de su factura de servicios, que éstas podrán presentarse máximo dentro de los seis (6) meses siguientes contados a partir del vencimiento del pago oportuno de la misma  Asimismo, si el usuario procedió al pago de la factura, y la PQR es resuelta a su favor, el operador debe restituir el dinero pagado por el usuario, a más tardar en el corte de facturación inmediatamente siguiente a la decisión adoptada.

 

Por último, una de las modificaciones realizadas, hace referencia a que los operadores en ningún caso pueden condicionar el trámite de una solicitud de terminación de contrato al pago de obligaciones insolutas a cargo del usuario que celebró el contrato. Sin embargo, ello no obsta para que se puedan perseguir el pago de éstas, así como el de los valores correspondientes a la terminación anticipada del contrato.


De este modo, y dada la importancia que esta iniciativa reviste, respetuosamente solicitamos nos hagan llegar sus comentarios a más tardar el próximo 20 de septiembre.

 
 

 

Archivo Adjunto (483.92 KB)
Gestión Jurídica SuperIndustria publica Proyecto de Circular que modifica régimen de protección de usuarios de telecomunicaciones

La Superintendencia de Industria y Comercio dio a conocer el Proyecto de Circular que pretende modificar dos Capítulos de la Circular Única de esa corporación, sobre protección de usuarios de telecomunicaciones, el cual fue objeto de algunas modificaciones, respecto de la versión publicada inicialmente.

 

Así, la citada iniciativa está dirigida a los operadores, entendidos como proveedores de redes y servicios de telefonía móvil y fija y de acceso a internet fijo y móvil, y tiene como finalidad esencial actualizar las instrucciones existentes en la materia, acorde a los cambios de regulación que se han realizado en el sector de las comunicaciones y a las condiciones reales del mercado.

 

De esta manera, el proyecto contempla, entre otros, los siguientes asuntos:

 

  1. Instruir las obligaciones establecidas en el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones expedido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, cuyo cumplimiento corresponde a los operadores de dichos servicios.

  2. Establecer en cabeza de los operadores la obligación de brindar a sus usuarios, a través de todos los mecanismos de atención previstos para el efecto, información clara, cierta, completa, oportuna y gratuita, que les permita a estos tomar decisiones de consumo con pleno conocimiento de las condiciones del servicio que se ofrece o se presta.

  3. Prevé la implementación de un Código Único Numérico -CUN-, esto es, el código de identificación que permitirá a los usuarios de los servicios de comunicaciones y servicios postales, hacer seguimiento sobre el estado del trámite de su petición, queja, reclamo, recurso y solicitud de indemnización (servicios postales),  el cual será asignado por el proveedor de dichos servicios o el operador postal, según corresponda, al momento de su presentación por parte del usuario.

  4. Cuando los operadores deban realizar cierres programados de las oficinas físicas de atención al usuario, se busca establecer la obligación de comunicar tal situación a sus usuarios por lo menos con tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha prevista para el cierre, en las oficinas físicas de atención al usuario, así como en la página web y redes sociales.

  5. En cuanto a peticiones, quejas o reclamos asociados con facturación, los operadores deben informar a sus usuarios a través de su factura de servicios, que éstas podrán presentarse máximo dentro de los seis (6) meses siguientes contados a partir del vencimiento del pago oportuno de la misma  Asimismo, si el usuario procedió al pago de la factura, y la PQR es resuelta a su favor, el operador debe restituir el dinero pagado por el usuario, a más tardar en el corte de facturación inmediatamente siguiente a la decisión adoptada.

 

Por último, una de las modificaciones realizadas, hace referencia a que los operadores en ningún caso pueden condicionar el trámite de una solicitud de terminación de contrato al pago de obligaciones insolutas a cargo del usuario que celebró el contrato. Sin embargo, ello no obsta para que se puedan perseguir el pago de éstas, así como el de los valores correspondientes a la terminación anticipada del contrato.


De este modo, y dada la importancia que esta iniciativa reviste, respetuosamente solicitamos nos hagan llegar sus comentarios a más tardar el próximo 20 de septiembre.

 
 

 

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