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Superindustria se pronuncia sobre garantía por daños en la prestación del servicio de parqueadero
La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Sentencia No. 5028 de 2019, decidió una acción de protección al consumidor en la que hizo especial énfasis en la garantía por daños en la prestación del servicio de parqueadero.
 
Al respecto, la Entidad precisó que de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 6, 7, 8 y 18 del Estatuto del Consumidor (Ley 1480 del 2011) y en virtud de la obligación de garantía, los productos y/o proveedores deben responder frente a los consumidores por la calidad, idoneidad, seguridad y buen estado de los productos que se comercializan en el mercado. Asimismo, quien preste el servicio de parqueadero asume la custodia y conservación adecuada del bien y de la integridad de los elementos que lo componen.  
 
La SuperIntendencia indicó que en materia de la prestación del servicio de parqueadero, el Estatuto del Consumidor establece que la persona natural o jurídica que esté prestando el mencionado servicio deberá expedir el recibo del bien, en donde se mencione la fecha y hora de la recepción del bien, la identificación del bien, el estado en que se encuentra y el valor del servicio prestado. 
 
Aunado a lo anterior, se debe tener presente que para la identificación del estado en el que se recibe el bien al momento de su ingreso al parqueadero, podrán utilizarse medios tecnológicos que garanticen el cumplimiento de esta obligación y cuando se trate de servicios de estacionamiento gratuitos, el prestador del servicio responderá por daños causados cuando medie dolo o culpa grave.    
 
Adicionalmente, el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, industria y Turismo, establece que la garantía legal en la prestación de servicios que suponen la entrega de un bien, será la de reparación cuando ello resulte procedente y en los casos que no resulte procedente la reparación del bien, se deberá sustituir por otro de las mismas características o se deberá pagar su equivalente en dinero en los casos de destrucción total o parcial.  
 
La Entidad concluyó que cuando el consumidor opte por el pago equivalente en dinero, el valor del bien se determinará según sus características, estado y uso y si se llega a presentar controversia sobre el monto, el productor y/o expendedor deberá dejar constancia por escrito sobre la diferencia y la explicación o sustentación de su valoración.