Usted está aquí

SuperIndustria se pronuncia sobre autonomía privada de la voluntad para dar vida a negocios jurídicos
La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Sentencia No. 4589 de 2019 decidió una acción de protección al consumidor en la que hizo especial énfasis en que la autonomía privada de la voluntad de las partes para dar vida a los negocios jurídicos no es absoluta.
 
De esta manera, recordó que los productores y/o proveedores no pueden incluir cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores y, en caso de incluirlas, estas serán ineficaces de pleno derecho, como garantía de protección contractual en las relaciones de consumo derivadas de la suscripción de contratos de condiciones uniformes.  
 
Por lo anterior, la autonomía privada de la voluntad de las partes para darle vida a los negocios jurídicos como actos de mera liberalidad no es del todo absoluta, en la medida que el legislador ha implementado mecanismos de protección hacia los consumidores como parte débil de las relaciones de consumo, en esa medida el Estatuto del Consumidor enmarco una normativa especial en aras de esa protección ante el desequilibrio que se pueda presentar frente a los consumidores.
 
Bajo este mismo hilo, la doctrina indicó que para verificar la abusividad de las cláusulas se deberá establecer si las mismas conllevan un desequilibrio normativo, un desequilibrio significativo en la relación contractual y un desequilibrio injustificado e irrazonable. 
 
En el caso bajo análisis, no se observan cláusulas abusivas dentro del contrato de promesa de compraventa suscrito por las partes, toda vez que de la expresión “la cual será exigible ejecutivamente sin necesidad de requerimiento por mora, pues las partes expresamente renuncian a ser requeridas”, el incumplimiento se anunció para cualquiera de ellas, es decir, consumidor y fabricante o distribuidor del bien.
 
Por último, la Superintendencia no declaró la vulneración de los derechos de la consumidora, pero sí se ordenó la efectiva realización del reembolso del dinero solicitado, en virtud de la favorabilidad otorgada por parte de la demandada.