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MinTrabajo publica Proyecto de Decreto que reglamentará el régimen sancionatorio del Servicio Público de Empleo

 

En días pasados el Ministerio del Trabajo dio a conocer el Proyecto de Decreto mediante el cual busca establecer las obligaciones, prohibiciones, sanciones y criterios de graduación, en desarrollo de lo dispuesto en la Ley 1636 de 2013, que crea el mecanismo de protección al cesante.

 

De esta manera, las disposiciones contenidas en la iniciativa se aplicarán a las actuaciones administrativas que adelanten los Inspectores del Trabajo y Seguridad Social, las Direcciones Territoriales, Oficinas Especiales del Ministerio del Trabajo y la Unidad de Investigaciones Especiales, por la infracción y omisión de los principios, obligaciones y prohibiciones a los empleadores o demandantes y a los prestadores de servicios de gestión y colocación, como partícipes de Servicio Público de Empleo.

 

En consecuencia, los empleadores, como participes del Servicio Público de Empleo, están obligados a:

 

  1. Registrar sus vacantes en el Servicio Público de Empleo, a través de un prestador autorizado, en los términos y condiciones establecidas para tal fin.

  2. Reportar al Servicio Público de Empleo la selección o las razones de no selección de los oferentes remitidos.

 

Así mismo, a los empleadores como participes del Servicio Público de Empleo, les queda prohibido, adelantar procesos de contratación de personal sin el debido registro de la vacante, a través de un prestador autorizado.

 

Respecto de las sanciones y multas por incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones establecidas en relación con el Servicio Público de Empleo, se graduarán considerando los siguientes criterios: i) Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o para un tercero, ii)  Reincidencia en la comisión de la infracción, iii) Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión, iv)Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar una infracción u ocultar sus efectos, v) Grado de diligencia para atender los deberes o se hayan aplicado las normas pertinentes, vi)Renuncia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad competente y, vii) Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción.

 

De este modo, y dadas las implicaciones que esta iniciativa puede implicar, les solicitamos nos hagan llegar sus comentarios a más tardar el próximo 9 de abril  de 2019.