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MinHacienda se pronuncia sobre Proyecto de Ley que reglamenta uso de vehículos eléctricos en el país

En días pasados el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se pronunció sobre la ponencia para cuarto debate del Proyecto de Ley No. 243 de 2018 Cámara y 75 de 2017 Senado “Por medio de la cual se promueve el uso de vehículos eléctricos en Colombia.”

 

El objeto de la iniciativa es generar esquemas de promoción al uso de vehículos eléctricos y de cero emisiones, con el fin de contribuir a la movilidad sostenible y a la reducción de emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero.

 

Por ello dentro de los tres (3) años siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, los municipios de categoría especial, excluyendo de estos a Buenaventura y Tumaco, deberán garantizar que existan en su territorio, como mínimo, cinco (5) estaciones de carga rápidas públicas en condiciones funcionales. Para la construcción de la infraestructura de las estaciones de qué trata el presente artículo, los municipios podrán realizar asociaciones público privadas.

 

Así las cosas, el Ministerio recalcó que la iniciativa que obliga al Gobierno Nacional a establecer cinco (5) estaciones de carga rápida en cada uno de los municipios de categoría especial, excluyendo al de Buenaventura y Tumaco, podría, eventualmente, comprometer recursos del Presupuesto General de la Nación e implicaría una serie de costos de funcionamiento que afectarían directamente los gastos de inversión a cargo de esas entidades territoriales.

 

Al respecto, la Cartera advirtió que, si bien el Congreso de la República tiene la facultad de autorizar gasto público, el Gobierno Nacional es quien debe definir, según las prioridades que se hayan establecido en el Plan Nacional de Desarrollo qué partidas se deben incluir en el mismo. Así lo ha entendido la Corte Constitucional y lo ha reiterado en varias providencias.

 

Adicionalmente, el Ministerio precisó que el Proyecto de Ley omite relacionar un estimativo puntual de los costos que podría representar la propuesta legislativa o su fuente de financiación.

 

Por último, el proyecto de ley no establece las fuentes de financiación que permitan atender dichas obligaciones por parte de las entidades territoriales, lo que significa un desbordamiento de sus gastos de funcionamiento y un impacto financiero en aquellas entidades que estén ejecutando acuerdos de reestructuración de pasivos.