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Corte Suprema de Justicia se pronuncia sobre responsabilidad por incumplimiento de obligación de garantía de buen funcionamiento

En días pasados la Sala Civil  de la Corte Suprema de Justicia profirió la Sentencia No. 21422019 de 2019 mediante la cual se señala que ante el incumplimiento contractual, el acreedor, en procura de la protección del derecho, está facultado para pedir el cumplimiento de la obligación o la resolución del convenio. 

 

De esta manera, el acreedor está facultado para reclamar, bien de manera directa o consecuencial y el resarcimiento del daño ya sea por la insatisfacción total o parcial de la obligación, o por su defectuoso cumplimiento. En ese orden de ideas, para que el contratante cumplido pueda desplegar dichas facultades, incluida la de indemnización de perjuicios, debe acreditar:

  1. Existencia de un contrato válidamente celebrado.

  2. Incumplimiento de una o más obligaciones contractuales imputable al deudor por dolo o culpa.

  3. Un daño o perjuicio.

  4. Vínculo de causalidad entre el daño o perjuicio y el incumplimiento. 

En consecuencia, la Sala enfatizó que el daño contractual, al igual que cualquier otro, debe ser cierto, subsistente, personal y afectar un interés lícito. 

Así mismo, indicó que en materia contractual hay perjuicios previsibles e imprevisibles, de conformidad con las prestaciones asumidas por las partes. Sin embargo, la pretensión indemnizatoria sólo trasciende respecto de ambos conceptos si el contratante incumplido obró dolosamente, de lo contrario y con apoyo exclusivo en la culpa, únicamente se podrán indemnizar los perjuicios predecibles.

Adicionalmente, explicó en el fallo que el resarcimiento, tratándose de ambos perjuicios cuando hay dolo, comprende los generados por la mora en la satisfacción de las obligaciones y, en general, abarca todos los consecuenciales al incumplimiento, pues el propósito es reparar el daño causado.

Aunado a lo anterior, la Corporación sostuvo que, como el Estatuto Mercantil no define el concepto de garantía, pero de acuerdo con los lineamientos del Estatuto del Consumidor puede entenderse como la obligación temporal del vendedor de responder al comprador por calidad, idoneidad, seguridad, buen estado y funcionamiento de la cosa vendida, de acuerdo con las condiciones ofrecidas en el marco del respectivo convenio o las legalmente exigibles. Por lo tanto, la obligación de garantía de buen funcionamiento comprende:

  1. Instalación del producto cuando así sea acordado o las condiciones técnicas lo exijan.

  2. Suministro de información o instrucciones al adquirente en cuanto al uso de la cosa o su mantenimiento. 

  3. Realización periódica de este o sus reparaciones.

  4. Provisión oportuna de repuestos.

  5. En general, la ejecución de las actividades que por disposición legal o convencional resulten necesarias para asegurar la conservación y el buen funcionamiento de la cosa.

Por último, la Corte concluyó que el comprador puede demandar la indemnización de perjuicios, siempre y cuando la garantía la haya reclamado en la oportunidad legalmente establecida y durante la vigencia de la misma.