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Ponencia para primer debate del Proyecto de Ley que busca que las personas jurídicas sean responsables en materia penal

En días pasados se dio a conocer el informe de ponencia para primer debate del Proyecto de Ley No. 117 de 2018 de Senado “Por la cual se adoptan medidas para promover la probidad administrativa, combatir la corrupción, establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas, fortalecer el Ministerio Público y se dictan otras disposiciones”.

 

De acuerdo con la exposición de motivos, la iniciativa encuentra su fundamento principal en las medidas para promover la probidad administrativa, enfrentar la corrupción y todas sus manifestaciones, establecer la responsabilidad penal de personas jurídicas, dictar disposiciones tendientes al fortalecimiento del Ministerio Público, con el propósito de lograr una mejor articulación con el Estado.

 

En consecuencia, las personas jurídicas de derecho privado responderán penalmente por los delitos contra la administración pública, contra el medio ambiente, contra el orden económico y social, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada y por todos aquellos delitos que afecten el patrimonio público. También responderán penalmente, por estos mismos delitos, las empresas de economía mixta y las empresas industriales y comerciales del Estado.

 

Esta responsabilidad se determinará con aplicación de los principios y reglas generales del derecho penal, cuando estos sean compatibles con su naturaleza, y con arreglo a lo previsto de manera especial en este proyecto de ley.

 

Las personas jurídicas serán responsables de los delitos señalados en el artículo 100A del Código Penal, que fueren cometidos en su interés o para su provecho, por sus representantes legales, revisor fiscal, contador, auditor, socios, accionistas de sociedades anónimas de familia, administradores, directivos o quienes realicen actividades de administración y supervisión, siempre que la comisión del delito fuere consecuencia del incumplimiento, por parte de esta, de los deberes de dirección y supervisión.

 

Las personas jurídicas no responderán penalmente cuando concurran conjuntamente las siguientes condiciones:

 

  1. Que, al momento de la comisión del delito, cuente con un programa de ética empresarial que cumpliera técnicamente todos los requisitos fijados por la Superintendencia de Sociedades.

  2. Que el delito sea cometido a causa de un incumplimiento manifiesto de los deberes que el programa de ética empresarial, o las políticas o reglamentos internos, le atribuían a la persona natural que ejecutó la conducta constitutiva del delito.

  3. Que no se hayan incumplido los deberes de supervisión que el programa de ética empresarial, o las políticas o reglamentos internos, les atribuía a otros órganos dirección, administración o vigilancia en el interior de la persona jurídica.

  4. La persona natural que ejecutó la conducta constitutiva del delito hubiere actuado exclusivamente en ventaja propia o a favor de un tercero.

 

Por último, se busca que la responsabilidad de la persona jurídica sea independiente de la responsabilidad penal de las personas naturales. La responsabilidad penal de la persona jurídica también será independiente y autónoma de la responsabilidad administrativa que surja por la participación en actos de soborno activo transnacional.

 

De este modo, y dadas las implicaciones que esta iniciativa reviste, respetuosamente solicitamos nos hagan llegar sus comentarios a más tardar el próximo 14 de noviembre.