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MinCIT publica Proyecto de Decreto que modifica las disposiciones relacionadas con procesos de insolvencia e intervención

En días pasados el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dio a conocer el Proyecto de Decreto “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 en diversas materias relacionadas con los procesos de insolvencia e intervención” que, como su nombre indica, busca modificar las disposiciones contenidas en el Capítulo 9 del Título 2 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, relativo a las reglas generales de procedimiento aplicables a los procesos de reorganizacion, liquidacion judicial e intervención.

 

A continuación, se enlistan algunas de las modificaciones que pretende introducir dicho proyecto normativo:

 

  1. En los procedimientos de reorganizacion, liquidación judicial, validación extrajudicial de acuerdos de reorganización, liquidación judicial e intervención, la Superintendencia de Sociedades ejerce funciones jurisdiccionales como juez del concurso.  Y, las intendencias regionales de la Superintendencia de Sociedades conocerán de los procesos de reorganización y liquidación judicial del Régimen de Insolvencia.

 

  1. Los términos señalados en la ley para la realización de los actos procesales de las partes, del juez y de los auxiliares de la justicia se contarán en días hábiles, de acuerdo con las reglas previstas en los artículos 117 y siguientes del Código General del Proceso, a menos que la ley disponga otra cosa. A su vez, los términos que por ley deban contabilizarse hacia el pasado se contarán hacia atrás desde el día siguiente al de la notificación por estado del auto que da inicio al proceso de reorganización, validación de acuerdos extrajudiciales de reorganización, liquidación judicial, o del que ordena la intervención.

 

  1. El secretario ingresará el expediente al Despacho cuando el juez deba proferir alguna providencia por fuera de audiencia y todos los términos comunes hayan vencido en relación con todas las partes, salvo en los siguientes casos: i) Cuando todos los interesados en el término hayan renunciado a él expresamente, ii) Cuando la solicitud se relacione con el mismo término y, iii) Cuando, previa consulta verbal con el juez, la solicitud requiera de un trámite urgente.

 

  1. El juez del concurso reconocerá al cesionario los derechos que le correspondan en virtud de la cesión en la providencia que califique y gradúe los créditos presentados, en la que apruebe acuerdos, o en la que adjudique bienes. El agente interventor lo reconocerá en la providencia que reconozca a los afectados con la captación o recaudo. Asimismo, condenará en costas a quien se le resuelva desfavorablemente un incidente, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, y en todos los demás supuestos en que de acuerdo con la ley se produzca dicha condena, que se hará en la providencia que resuelva el asunto.

 

  1. En cualquier momento a partir del auto de apertura del proceso de insolvencia o intervención, de oficio o a solicitud de parte, el juez del concurso podrá decretar las medidas cautelares que considere pertinentes para garantizar las finalidades de protección del derecho de crédito y de recuperación y conservación de la empresa.

 

  1. El liquidador deberá elaborar el inventario de los activos del deudor, el cual contendrá la relación de los bienes y derechos del deudor que conforman la masa a liquidar, valorados acorde con lo establecido en el numeral 9 del artículo 48 de la Ley 1116 de 2006. En relación con cada uno de los bienes, tanto en el inventario como en el avalúo, se precisarán la naturaleza jurídica que les corresponden, así como el lugar en que se encuentran y los datos que permitan su identificación o registro, según lo que corresponda a cada cosa o derecho.

 

  1. En cualquier estado del proceso de intervención, el intervenido podrá presentar un plan de desmonte voluntario, con el propósito de devolver los recursos captados o recaudados sin la debida autorización estatal. El plan de desmonte deberá cubrir la totalidad de las personas afectadas con la operación intervenida, deberá constar por escrito y contar con el voto favorable del setenta y cinco por ciento (75%) de las personas afectadas con la captación o recaudo no autorizado por la ley.

 

De este modo, y dadas las implicaciones que esta iniciativa tiene, respetuosamente solicitamos nos hagan llegar sus comentarios a más tardar el 21 de noviembre.

 

Para mayor información acceder al documento que se acompaña.

 
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