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La devolución de impuestos descontables no genera pérdida de la facultad de fiscalización

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante Sentencia del 11 de mayo de 2017, se pronunció acerca de la facultad de fiscalización en cabeza de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, respecto de la devolución de impuestos descontables.

En ese sentido, el alto tribunal argumentó que el Estatuto Tributario establece una tarifa legal probatoria, esto es, que se requieren de determinados sustentos que permitan acreditar el hecho pretendido. De esta manera, para la procedencia de los impuestos descontables solicitados por un contribuyente, se debe presentar la factura que lo soporte, con el cumplimiento de los demás requisitos contenidos en dicho Estatuto. Sin embargo, esto no impide que la DIAN ejerza su facultad fiscalizadora para verificar la realidad de la transacción, es decir, que tal acreditación no limita la facultad comprobatoria y verificadora de la Administración. 

Por tal razón, si en ejercicio de la facultad fiscalizadora la DIAN logra probar la inexistencia de las transacciones, aún cuando el contribuyente pretenda acreditarlas con facturas o documentos equivalentes, los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y los impuestos descontables en el IVA podrán ser rechazados.

De igual forma, esta corporación señaló que la DIAN cuenta con amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales. No solo ello, que tales facultades le permiten efectuar todas las diligencias que sean necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a su correcta determinación.

Adicionalmente, la Sala recalcó que procede la sanción por inexactitud, entre otros eventos, cuando en la declaración se incluyen impuestos descontables inexistentes y, en general, cuando se utilizan datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados de los que se derive un menor impuesto a cargo del contribuyente o un mayor saldo a favor. Pero, para que sea viable la reducción de la sanción a que se refiere el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016, cuando la sanción es impuesta por la autoridad tributaria, es necesario que esta sea aceptada y la infracción sea subsanada por el contribuyente.

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