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Gestión Jurídica

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La Dirección Jurídica de FENALCO Presidencia Nacional apoya de forma transversal a las diferentes áreas de la Federación y sus seccionales, al tiempo que vela por la representación de los intereses del Gremio y de sus afiliados en los distintos frentes relacionados con la regulación y reglamentación de la actividad comercial y todo lo que en ella se encuentra inmerso. La Dirección Jurídica está dividida según la especialidad de cada uno de los miembros que la conforman para sacar así, el mayor provecho de nuestro equipo de profesionales.

  • Asesor Jurídico de Asuntos Legislativos
  • Asesor Jurídico de Asuntos Gremiales
  • Asesor Jurídico de Asuntos Corporativos

FENALCO INFORMA

El pasado 15 de septiembre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto No. 1515 de 2017 “Por el cual se modifica el Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, para sustituir el artículo 1.3.1.12.10. del Capítulo 12 del Título 1 de la Parte 3 del Libro 1, Y reglamentar el numeral 6 del artículo 424 del Estatuto Tributario”.

 

Dicha norma tiene por objeto establecer los requisitos que deben cumplir los dispositivos móviles inteligentes (tabletas y celulares) para que sean excluidos del impuesto sobre las ventas -IVA-, disposición que aplicaría en todo el país, a todos los contribuyentes de dicho impuesto.

 

Así, para efectos de lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 424 del Estatuto Tributario, se entenderá por dispositivos móviles inteligentes (tabletas y celulares) aquellos que cumplan con la totalidad de las siguientes características:

 

a) Teclado completo, táctil o físico;

b) Operan sobre sistemas operativos actualizables;

e) Tienen capacidad de procesamiento y cómputo;

d) Permiten la navegación en Internet;

e) Tienen conectividad WIFI; y

f) Tienen acceso a tiendas de aplicaciones y soportan las aplicaciones hechas por terceros.

 

Adicionalmente, se establece que la exclusión del Impuesto sobre las Ventas -IVA en la venta de dispositivos móviles inteligentes, aplica para aquellos dispositivos cuyo valor al momento de la venta al público no exceda de veintidós (22) Unidades de Valor Tributarias -UVT-.

 

Por último, respecto de dispositivos móviles que sean importados, se tendrá en cuenta el valor establecido en la factura o documento soporte de la declaración de importación.

 

La Superintendencia de Industria y Comercio dio a conocer el Proyecto de Circular que pretende modificar dos Capítulos de la Circular Única de esa corporación, sobre protección de usuarios de telecomunicaciones, el cual fue objeto de algunas modificaciones, respecto de la versión publicada inicialmente.

 

Así, la citada iniciativa está dirigida a los operadores, entendidos como proveedores de redes y servicios de telefonía móvil y fija y de acceso a internet fijo y móvil, y tiene como finalidad esencial actualizar las instrucciones existentes en la materia, acorde a los cambios de regulación que se han realizado en el sector de las comunicaciones y a las condiciones reales del mercado.

 

De esta manera, el proyecto contempla, entre otros, los siguientes asuntos:

 

  1. Instruir las obligaciones establecidas en el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones expedido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, cuyo cumplimiento corresponde a los operadores de dichos servicios.

  2. Establecer en cabeza de los operadores la obligación de brindar a sus usuarios, a través de todos los mecanismos de atención previstos para el efecto, información clara, cierta, completa, oportuna y gratuita, que les permita a estos tomar decisiones de consumo con pleno conocimiento de las condiciones del servicio que se ofrece o se presta.

  3. Prevé la implementación de un Código Único Numérico -CUN-, esto es, el código de identificación que permitirá a los usuarios de los servicios de comunicaciones y servicios postales, hacer seguimiento sobre el estado del trámite de su petición, queja, reclamo, recurso y solicitud de indemnización (servicios postales),  el cual será asignado por el proveedor de dichos servicios o el operador postal, según corresponda, al momento de su presentación por parte del usuario.

  4. Cuando los operadores deban realizar cierres programados de las oficinas físicas de atención al usuario, se busca establecer la obligación de comunicar tal situación a sus usuarios por lo menos con tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha prevista para el cierre, en las oficinas físicas de atención al usuario, así como en la página web y redes sociales.

  5. En cuanto a peticiones, quejas o reclamos asociados con facturación, los operadores deben informar a sus usuarios a través de su factura de servicios, que éstas podrán presentarse máximo dentro de los seis (6) meses siguientes contados a partir del vencimiento del pago oportuno de la misma  Asimismo, si el usuario procedió al pago de la factura, y la PQR es resuelta a su favor, el operador debe restituir el dinero pagado por el usuario, a más tardar en el corte de facturación inmediatamente siguiente a la decisión adoptada.

 

Por último, una de las modificaciones realizadas, hace referencia a que los operadores en ningún caso pueden condicionar el trámite de una solicitud de terminación de contrato al pago de obligaciones insolutas a cargo del usuario que celebró el contrato. Sin embargo, ello no obsta para que se puedan perseguir el pago de éstas, así como el de los valores correspondientes a la terminación anticipada del contrato.


De este modo, y dada la importancia que esta iniciativa reviste, respetuosamente solicitamos nos hagan llegar sus comentarios a más tardar el próximo 20 de septiembre.

 
 

 

En días pasados, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dio a conocer la más reciente versión del Proyecto de Decreto “Por el cual se adiciona un capítulo al Libro 2, Parte 2, Título 2 del Decreto Único del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015 y se reglamenta el parágrafo del artículo 18 de la Ley 1480 de 2011”.

 

La citada  iniciativa tiene por objeto reglamentar la forma en que el prestador de un servicio que supone la entrega de un bien, debe disponer de aquellos bienes, cuya transferencia del derecho de dominio no está sujeta a registro, y que han sido dejados en abandono por parte de los consumidores independientemente de si el producto se encuentra en garantía o no.

 

De esta manera, vale recordar a la luz del artículo 18 del Estatuto del Consumidor colombiano, que pasado un (1) mes a partir de la fecha prevista para la devolución o la fecha en que el consumidor debía aceptar o rechazar expresamente el servicio, sin que el consumidor acuda a retirar el bien, el prestador del servicio lo requerirá para que lo retire dentro de los dos (2) meses siguientes a la remisión de la comunicación.

 

Una vez requerido el consumidor y transcurrido el plazo de dos (2) meses para que retire el bien, sin que esto ocurra, se entenderá que el bien ha sido abandonado. Así mismo, no se entenderá que el bien ha sido retirado con la sola manifestación del consumidor de su intención de hacerlo.

 

Adicionalmente, cuando el bien que ha sido dejado para la prestación del servicio se entiende abandonado y es de aquellos que no está sujeto a registro para la transferencia del dominio, el prestador del servicio podrá ocuparlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 699 del Código Civil. En consecuencia,  la titularidad del derecho real de dominio y el ejercicio de las atribuciones del uso, goce y disposición del bien únicamente se predicarán desde el momento en que ocurra la ocupación.

 

Es importante indicar que el abandono de los bienes muebles sujetos a registro no se encuentran incorporados a la propuesta reglamentaria.

 

De este modo, y dada la importancia que esta iniciativa reviste para el comercio, respetuosamente solicitamos que envíen sus comentarios a más tardar el próximo 26 de septiembre.

 

En días pasado la Senadora Maritza Martínez Aristizábal radicó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley No. 053 de 2017 Senado “Por medio del cual se adopta el Reglamento Nacional del Coleo y se dictan otras disposiciones”.

 

Este proyecto de ley tiene por objeto reglamentar la preparación, organización y desarrollo de las actividades relacionadas con el deporte del coleo, además de reconocer su carácter de manifestación cultural autóctona de la región de la Orinoquia.
 

Así mismo, se prevé que los coleadores que tengan interés en participar en las pruebas oficiales de la Federación Colombiana de Coleo, deben haber sido previamente inscritos ante dicha Federación por los presidentes de las Ligas afiliadas, conforme a los requisitos establecidos por el Órgano de Administración de FEDECOLEO.

 

Adicionalmente, una vez haya sido efectuado el registro, la Federación Colombiana de Coleo deberá expedir un carné codificado que certifique al coleador como deportista federado y dará derecho a su tenedor de ingresar gratuitamente como espectador a todos los eventos autorizados por FEDECOLEO.

 

En días pasados, el Presidente Juan Manuel Santos se pronunció acerca de la reglamentación de la Ventanilla Única Empresarial, la cual integrará de manera virtual los trámites de constitución de empresas y se reducirán los tiempos para su creación.

 

Así mismo, se espera que el Gobierno Nacional sancione el correspondiente Decreto, con el que también se reducirán los tiempos para la creación de firmas.

 

Además, se espera que la Ventanilla Única Empresarial se constituya en un paso trascendental encaminado a mejorar la competitividad del país, mediante la integración de los trámites de constitución de empresas y otros relacionados con la actividad.

 

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El pasado 15 de septiembre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto No. 1515 de 2017 “Por el cual se modifica el Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, para sustituir el artículo 1.3.1.12.10. del Capítulo 12 del Título 1 de la Parte 3 del Libro 1, Y reglamentar el numeral 6 del artículo 424 del Estatuto Tributario”.

 

Dicha norma tiene por objeto establecer los requisitos que deben cumplir los dispositivos móviles inteligentes (tabletas y celulares) para que sean excluidos del impuesto sobre las ventas -IVA-, disposición que aplicaría en todo el país, a todos los contribuyentes de dicho impuesto.

 

Así, para efectos de lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 424 del Estatuto Tributario, se entenderá por dispositivos móviles inteligentes (tabletas y celulares) aquellos que cumplan con la totalidad de las siguientes características:

 

a) Teclado completo, táctil o físico;

b) Operan sobre sistemas operativos actualizables;

e) Tienen capacidad de procesamiento y cómputo;

d) Permiten la navegación en Internet;

e) Tienen conectividad WIFI; y

f) Tienen acceso a tiendas de aplicaciones y soportan las aplicaciones hechas por terceros.

 

Adicionalmente, se establece que la exclusión del Impuesto sobre las Ventas -IVA en la venta de dispositivos móviles inteligentes, aplica para aquellos dispositivos cuyo valor al momento de la venta al público no exceda de veintidós (22) Unidades de Valor Tributarias -UVT-.

 

Por último, respecto de dispositivos móviles que sean importados, se tendrá en cuenta el valor establecido en la factura o documento soporte de la declaración de importación.

 
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La Superintendencia de Industria y Comercio dio a conocer el Proyecto de Circular que pretende modificar dos Capítulos de la Circular Única de esa corporación, sobre protección de usuarios de telecomunicaciones, el cual fue objeto de algunas modificaciones, respecto de la versión publicada inicialmente.

 

Así, la citada iniciativa está dirigida a los operadores, entendidos como proveedores de redes y servicios de telefonía móvil y fija y de acceso a internet fijo y móvil, y tiene como finalidad esencial actualizar las instrucciones existentes en la materia, acorde a los cambios de regulación que se han realizado en el sector de las comunicaciones y a las condiciones reales del mercado.

 

De esta manera, el proyecto contempla, entre otros, los siguientes asuntos:

 

  1. Instruir las obligaciones establecidas en el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones expedido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, cuyo cumplimiento corresponde a los operadores de dichos servicios.

  2. Establecer en cabeza de los operadores la obligación de brindar a sus usuarios, a través de todos los mecanismos de atención previstos para el efecto, información clara, cierta, completa, oportuna y gratuita, que les permita a estos tomar decisiones de consumo con pleno conocimiento de las condiciones del servicio que se ofrece o se presta.

  3. Prevé la implementación de un Código Único Numérico -CUN-, esto es, el código de identificación que permitirá a los usuarios de los servicios de comunicaciones y servicios postales, hacer seguimiento sobre el estado del trámite de su petición, queja, reclamo, recurso y solicitud de indemnización (servicios postales),  el cual será asignado por el proveedor de dichos servicios o el operador postal, según corresponda, al momento de su presentación por parte del usuario.

  4. Cuando los operadores deban realizar cierres programados de las oficinas físicas de atención al usuario, se busca establecer la obligación de comunicar tal situación a sus usuarios por lo menos con tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha prevista para el cierre, en las oficinas físicas de atención al usuario, así como en la página web y redes sociales.

  5. En cuanto a peticiones, quejas o reclamos asociados con facturación, los operadores deben informar a sus usuarios a través de su factura de servicios, que éstas podrán presentarse máximo dentro de los seis (6) meses siguientes contados a partir del vencimiento del pago oportuno de la misma  Asimismo, si el usuario procedió al pago de la factura, y la PQR es resuelta a su favor, el operador debe restituir el dinero pagado por el usuario, a más tardar en el corte de facturación inmediatamente siguiente a la decisión adoptada.

 

Por último, una de las modificaciones realizadas, hace referencia a que los operadores en ningún caso pueden condicionar el trámite de una solicitud de terminación de contrato al pago de obligaciones insolutas a cargo del usuario que celebró el contrato. Sin embargo, ello no obsta para que se puedan perseguir el pago de éstas, así como el de los valores correspondientes a la terminación anticipada del contrato.


De este modo, y dada la importancia que esta iniciativa reviste, respetuosamente solicitamos nos hagan llegar sus comentarios a más tardar el próximo 20 de septiembre.

 
 

 

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En días pasados, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dio a conocer la más reciente versión del Proyecto de Decreto “Por el cual se adiciona un capítulo al Libro 2, Parte 2, Título 2 del Decreto Único del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015 y se reglamenta el parágrafo del artículo 18 de la Ley 1480 de 2011”.

 

La citada  iniciativa tiene por objeto reglamentar la forma en que el prestador de un servicio que supone la entrega de un bien, debe disponer de aquellos bienes, cuya transferencia del derecho de dominio no está sujeta a registro, y que han sido dejados en abandono por parte de los consumidores independientemente de si el producto se encuentra en garantía o no.

 

De esta manera, vale recordar a la luz del artículo 18 del Estatuto del Consumidor colombiano, que pasado un (1) mes a partir de la fecha prevista para la devolución o la fecha en que el consumidor debía aceptar o rechazar expresamente el servicio, sin que el consumidor acuda a retirar el bien, el prestador del servicio lo requerirá para que lo retire dentro de los dos (2) meses siguientes a la remisión de la comunicación.

 

Una vez requerido el consumidor y transcurrido el plazo de dos (2) meses para que retire el bien, sin que esto ocurra, se entenderá que el bien ha sido abandonado. Así mismo, no se entenderá que el bien ha sido retirado con la sola manifestación del consumidor de su intención de hacerlo.

 

Adicionalmente, cuando el bien que ha sido dejado para la prestación del servicio se entiende abandonado y es de aquellos que no está sujeto a registro para la transferencia del dominio, el prestador del servicio podrá ocuparlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 699 del Código Civil. En consecuencia,  la titularidad del derecho real de dominio y el ejercicio de las atribuciones del uso, goce y disposición del bien únicamente se predicarán desde el momento en que ocurra la ocupación.

 

Es importante indicar que el abandono de los bienes muebles sujetos a registro no se encuentran incorporados a la propuesta reglamentaria.

 

De este modo, y dada la importancia que esta iniciativa reviste para el comercio, respetuosamente solicitamos que envíen sus comentarios a más tardar el próximo 26 de septiembre.

 

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